Tuesday, September 05, 2006

México, 2 de julio, 2006

México, 2 de julio, 2006
Crónica de un golpe de Estado

Parte I


El 6 de julio de 1988 el gobierno federal, encabezado por Miguel de la Madrid y en cuyas manos estaba la operación de los procesos electorales, impone a Carlos Salinas de Gortari (PRI), luego de la “caída” del sistema de cómputo electoral. Manuel J. Clouthier[1], recién incorporado al Partido Acción Nacional (PAN; digamos de derecha) y lanzado rápidamente como su abanderado por la Presidencia del país, reconoce como ganador a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN, de izquierda), al levantarle la mano y sellar con él un acuerdo para desconocer al presidente electo de manera espuria.
Con la “oportuna” muerte accidental de Clouthier, la facción panista procede a pactar con el presidente electo. El PAN reconoce el triunfo de Salinas y éste le abre puertas del poder priísta. Se negocian gobiernos estatales, parlamentos, municipios y cargos en la estructura del Poder Ejecutivo Federal. Se enfilan en un proyecto económico común, la consolidación de la democracia de mercado globalizada, mientras actúan contra el Frente mediante recursos económicos y políticos y una represión selectiva que dejó cerca de 500 muertos. El Frente daría paso al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La administración de Salinas acelera la instrumentación de las políticas económicas que se “consensarían” en Washington en 1990. A la par, y como necesidad política, se construyó un aparato de regulación del sistema de partidos y de organización de los procesos electorales que diera cauce a los costos sociales que dicho proyecto anunciaba. Se diseñó un complejo marco legal, se creó el Instituto Federal Electoral y muchos nuevos partidos, y se construyó el discurso ideológico que hizo de la democracia un eufemismo del paraíso.
Lo que se llamaría más tarde la normalidad democrática está fundada, no obstante la ironía, en la premisa planteada por Diego Fernández de Cevallos, cabeza de la cúpula panista, cuando su partido aprobó en la Cámara de Diputados la quema de las boletas electorales: “legitimar con hechos” al gobierno. Gobierno que terminó con un levantamiento indígena armado, una cauda de asesinatos políticos, entre ellos el del candidato del partido oficial y un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que comprometió radicalmente el desarrollo del país y fracturó estructuras básicas del entramado social, sobre todo en el campo y en sindicatos.
El siguiente y último gobierno del PRI, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, comienza con una crisis devaluatoria, conocida como el “error de diciembre”, que obliga al Presidente a garantizar con los ingresos petroleros del país el rescate que le ofrece la administración Clinton y a contraer nuevos compromisos con el BM y el FMI. Comienza la desnacionalización del sistema financiero y se acelera, vía mecanismos administrativos, la cesión de derechos sobre recursos energéticos, entre otros sectores. Paralelamente, se llevan a cabo nuevas reformas políticas que “ciudadanizan” el IFE y se crean nuevas instituciones, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las elecciones transcurren con normalidad.
Una de las particularidades determinantes que puede definir el centro del poder de esta coalición de cúpulas político-económicas en el gobierno es que se estructuró, por un lado, en torno a un proyecto cuyo eje fue el control del sistema financiero, la formación de capitales de dimensión transnacional, acreditados en monopolios económicos de sectores estratégicos –comunicaciones, transportes, industria extractiva, energía, etc. Por otro, garantizó el control de instituciones centrales en materia de política económica, p.e. el Banco de México, y de regulación financiera como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
[2].
El Instituto Federal Electoral se consolidó como el exponente de la normalidad democrática al conducir, sin mayores sobresaltos, los procesos electorales de los siguientes diez años. El Consejo General, máximo órgano de decisión del Instituto, integrado por nueve ciudadanos –propuestos por los tres principales partidos políticos con registro nacional– concluye su primer ciclo con un alto reconocimiento por su actuación. Electoralmente el PAN y el PRD avanzan tanto en el Congreso como en estados y municipios, mientras que el PRI reduce sostenidamente su cuota de poder en casi todos los ámbitos, aunque en algunos estados se fortalece.



Otra vuelta de tuerca

La coalición gobernante se ha reconfigurado de varias maneras y en circunstancias determinadas a lo largo de estos años. Por ejemplo, el triunfo de Vicente Fox Quezada en el año 2000, que cierra el ciclo del poder priísta pero mantiene prácticamente la misma estructura burocrática, sobre todo en áreas estratégicas de la definición y control de las políticas económicas, abrió la puerta directa al poder del Estado a grupos que no habían estado directamente involucrados en la toma de decisiones desde hace mucho tiempo –la ultraderecha confesional, junto con cúpulas empresariales y sectores de acción local o regional del norte y centro del país, principalmente.
En paralelo, desde 1997, el PRD domina políticamente en el Distrito Federal, tanto el gobierno como el congreso local. La confrontación entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México se incrementa conforme transcurre el sexenio de Fox. El Consejo General del IFE se renueva sin la participación del PRD mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN. Cobra fuerza e influencia política la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el mayor de América Latina, Elba Esther Gordillo, quien desde la secretaría general del PRI logra imponer en la presidencia de este Consejo a Luis Carlos Ugalde, junto con otros cuatro consejeros. El restante es nombrado por el PAN.
Este personaje es clave en el proceso electoral de 2006 y en su resultado, por lo que nos detendremos en ella. La descomposición interna del PRI se agudiza después de un cuestionado proceso interno por la renovación de su dirigencia nacional. Roberto Madrazo Pintado, como Presidente, y Elba Esther Gordillo, como Secretaria general, se hacen del control del partido. Sin embargo, a partir de diferencias surgidas de compromisos legislativos con el gobierno, que fueron incumplidos por Madrazo y que culminaron en la destitución de aquélla de la Coordinación parlamentaria de PRI en la Cámara de Diputados, Gordillo opera en alianza con el gobierno federal, gobiernos estatales y la estructura decisoria y operativa del IFE. Siendo Secretaria General del PRI crea un nuevo partido, el Partido Alianza Social (PANAL), reconocido rápidamente por el Instituto, y con él opera la desarticulación de los apoyos internos al presidente y luego candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo. Mientras, con recursos federales y la oferta de posiciones políticas en todos los órdenes, fortalece el control de la estructura sindical corporativizada.
El sexenio de Vicente Fox transcurre entre la frivolidad, la ineptitud y la negligencia, que contribuyeron a dilapidar el llamado “bono democrático” que Fox obtuvo al vencer electoralmente al PRI y a acrecentar la confrontación con el gobierno del DF, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (LO), quien gana día a día mayor presencia y peso político no sólo en la Ciudad de México sino en el país entero.
En 2004 el aparato político, jurídico, económico y mediático controlado por la coalición de gobierno inicia el proceso para evitar que LO sea postulado candidato a la Presidencia de la República. Mediante el expediente de un litigio particular –la supuesta no suspensión de las obras de apertura de una calle para comunicar a un hospital privado–, el gobierno federal inicia y gana un proceso político en el Congreso para quitarle la inmunidad procesal que el cargo de Jefe de Gobierno le confiere a LO, el llamado desafuero, e iniciarle proceso judicial, que le quitaría sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato.
La movilización política del PRD y de amplios sectores sociales, la presión de los mercados internacionales y del gobierno estadounidense obligaron al Ejecutivo Federal a suspender el proceso. López Obrador no fue sujeto a juicio penal aunque sí retirado del cargo de Jefe de Gobierno del DF. Todo el proceso lo catapulta políticamente y es, efectivamente, nombrado candidato de la CPBT.
Mientras en el ámbito político el gobierno federal va de tumbo en tumbo, en términos económicos prosigue la marcha de la privatización de sectores estratégicos. Todo el sistema financiero –excepto un banco– queda en manos de corporaciones extranjeras; los llamados Contratos de Servicios Múltiples en Pemex, por ejemplo, cobran nuevo impulso para abrir el sector petrolero a empresas privadas; los medios de comunicación, que existen bajo el régimen de concesión, reciben prebendas y canonjías, cuya cereza del pastel son las reformas a la “Ley Televisa”
[3].
Mientras tanto, todos los indicadores económicos y de desarrollo social y “humano” se desploman. El desempleo abierto alcanza niveles nunca antes vistos, los indicadores de salud, educación, acceso a servicios públicos –agua, drenaje, electrificación– sitúan a millones de mexicanos en niveles equivalentes a países como Haití o Somalia. Más de 500 mil personas intentan cruzar cada año a los Estados Unidos. Al mismo tiempo logramos tener al tercer hombre más rico del mundo.

La elección ejemplar

En este contexto, se inicia el proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso en su conjunto y algunos gobiernos estatales y municipales. Las “precampañas”, procesos internos de selección de candidatos en los principales partidos, sin regulación alguna, se caracterizaron por un gasto desorbitado de recursos en propaganda mediática, particularmente por parte del PRI y del PAN, que coincidieron con un ataque frontal contra López Obrador. Es decir, en la búsqueda de los apoyos internos, los partidos mayoritarios se confrontaron con el candidato del PRD, más que con sus propios correligionarios.
Al cabo de estos procesos, el PAN(Partido Acción nacional) postula a Felipe Calderón (FC) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional), en la llamada Coalición por México con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a Roberto Madrazo. Participan en la contienda los partidos sin definición política clara PANAL (Partido Nueva Alianza) y Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC), así como la Coalición por el Bien de Todos, integrada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Convergencia, que postula a Andrés Manuel López Obrador (LO).
La confrontación se agudiza. El PAN, el gobierno federal y las cúpulas empresariales lanzan una campaña política y mediática cifrada en la propalación de “ideas fuerza” que caracterizan a López Obrador como un peligro para México. Se infunde temor y desesperanza entre la población con amenazas directas de que perderán sus bienes, y se desvirtúa el árbitro electoral, que no sólo no actúa para impedir ilegalidades en la contienda, sino que las comete él mismo.
El Ejecutivo federal y sus dependencias utilizaron cuantiosos recursos para desacreditar a LO. Algunos ejemplos: la oficina del secretario de la Función Pública, contralor del Ejecutivo, envió ilegalmente 7 millones de correos electrónicos en contra de LO; la oficina del Presidente gastó en tres meses 1,700 millones de pesos en mensajes mediáticos; la esposa del Presidente manejó fideicomisos dentro y fuera del país, cuyos recursos recayeron en instituciones de asistencia privada y organizaciones “de caridad”, de cuyas cuentas hay completa oscuridad, aunque haya nuevos bancos asociados a ellas, y que operaron como agencias de la campaña de desinformación política del PAN.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula de cúpulas empresariales del país, pagó 200 millones de pesos en spots publicitarios –lo cual es delito electoral– en el último mes de campaña, lo mismo que grandes consorcios industriales y de la comunicación, así como jerarquías eclesiásticas. En la programación “familar” televisiva fueron y siguen siendo patrón de conducta los señalamientos y las frases alusivas en contra de López Obrador y el peligro que representa.
Está documentada la intromisión, mediante herramientas informáticas, de familiares del candidato panista, en el uso ilegal de instrumentos oficiales como el padrón electoral y los padrones de beneficiarios de los programas de atención a la pobreza como Oportunidades, así como del Sistema de Administración Tributaria, para el diseño, soporte y operación de las estrategias de campaña del PAN.
La actividad política de la cúpula magisterial –Elba Esther Gordillo– y su estructura nacional en favor de este partido fue abierta y permanente. No se puede soslayar que su influencia abarca al presidente del Consejo General del IFE y el Partido Nueva Alianza, instituciones académicas como el ITAM –desde cuyas aulas y oficinas se escriben cientos de páginas de análisis periodístico–, así como a algunos gobernadores priistas, presidentes municipales y congresistas de tres o más partidos. El control de la estructura operativa del IFE también está bajo su égida: el Secretario Ejecutivo de Organización Electoral del IFE proviene de las filas de ese sindicato. El SNTE ha participado históricamente en la realización material de los procesos electorales. Tres días antes de la elección, el presidente Fox le entregó a la señora Gordillo, 900 millones de pesos como apoyo a actividades magisteriales.
[4]
Sin embargo, la integración de las mesas de casilla sigue siendo un misterio, pero hay testimonios y documentales de irregularidades generalizadas tanto en los sorteos de selección de ciudadanos como en la capacitación y acreditación. El mismo día de los comicios fueron sustituidos miles de ciudadanos sin que a la fecha haya explicación plausible ni información precisa que permita evaluar esa parte central del proceso. Hay datos que apuntan a que sólo en el 40% de los casos las mesas se integraron con ciudadanos que cumplieron debidamente todo el proceso.
Para cerrar la pinza de la construcción política de percepciones y convicciones, elemento central de las campañas electorales centradas en los medios, las principales empresas encuestadoras participaron partidariamente. Un año antes del inicio formal de las campañas electorales, en los sondeos y encuestas públicas, LO se encontraba en niveles de preferencia que llegaron al 70%. Conforme avanzó el proceso y las campañas mediáticas conjuntas
[5] la diferencia entre LO y FC se fue reduciendo pero no disminuyó a menos de 8%. Dos días después de que se aprobó la “Ley Televisa”, impulsada por el duopolio televisivo, la empresa GEA-ISSA[6] publica una encuesta en la que sitúa a los punteros en empate. Consulta Mitofsky, contratada por Televisa, le da ventaja de dos puntos a Calderón. La explicación de la abrupta caída de LO: decirle chachalaca al presidente Fox. A partir de aquí, se condensó la percepción y la convicción generalizada de que ésta era, efectivamente, una contienda muy cerrada.

Alberto Schneider

[1] Manuel J. Clouthier, Maquío, es promovido por una facción empresarista que en un desplazamiento estratégico de la militancia tradicional logra el control político del partido. El desplazamiento, que incluye al senador José Ángel Conchello, fallecido también accidentalmente, modifica liderazgos federales, regionales y locales.
[2] Este proceso se realizó en un marco de extendida corrupción cuyo eje se define en casos como Fobaproa-Ipab, la privatización de carreteras, Pidiregas, aduanas y otros, que implican una masa de deuda de grandes dimensiones; tan sólo el primero llega al billón de pesos.
[3] En realidad son reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, impulsadas por ese consorcio mediático y aprobadas en el Senado por el PRI y el PAN, durante las campañas electorales. Es una ley que garantiza la concentración oligopólica y desregula el sector al desarticular el marco normativo del control estatal sobre el espacio radioeléctrico del país. El PRD la aprobó, también, en la Cámara de Diputados, en un error craso que luego intentó corregir en el Senado. Las objeciones de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de juristas y académicos no fueron siquiera discutidas en la sesión correspondiente. El argumento textual de las cúpulas partidistas (PAN y PRI) fue por que así convenía a sus candidatos.
[4] Mientras tanto en Oaxaca comenzó un conflicto político con una demanda de un sector disidente del sindicato magisterial, que implicaba 350 millones de pesos que el gobierno federal alegó no tener. La sección sindical oaxaqueña ponía otro tanto. Hoy el conflicto suma varios muertos.
[5] En México, el 80% de las personas se entera de lo que sucede en el país y en el mundo por medio de la televisión; Televisa y Televisión Azteca controlan más del 80% de todos los medios de comunicación masiva del país.
[6] Cabe señalar que el fundador y presidente de GEA es Jesús Reyes Heroles, quien como embajador de México en Washington tuvo a sus órdenes como coordinador de asesores a Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del IFE.

2 Comments:

At 8:14 PM, Blogger Eratóstenes Horamarcada said...

Leo con regularidad la revista virtual española El Catoblepas, donde aparece esta misma crónica de Alberto Schneider. Felicito al Sr. Schneider por escribir tan estupendo artículo. Me gustaría reproducirlo en mi blog,
El pedote de FeCal
http://elpedotedefecal.blogspot.com

 
At 4:32 PM, Blogger Toncha! said...

Y no viste la otra panaticada, sobre erotismo e intelectuales, en el mismo número de letras libres.

Ahora andan rescatando a los intelectuales orgánicos de siempre.

Ah, la genuflexión intelectual disfrazada de crítica... a la genuflexión intelectual!

 

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