Monday, July 31, 2006

Legalidad miope o legitimidad democrática: la encrucijada actual

Estamos de plácemes en Bloque de Opinión. Publicamos un texto profundo y demoledor de Francisco Bedolla, a propósito del dilema histórico-político que se enfrenta en este momento en México. No hay que perder detalle de la argumentación que aquí se despliega.

Con permisito, señores.

---------------------------
Legalidad miope o legitimidad democrática: la encrucijada actual

Francisco Bedolla

Nada más lamentable en las actuales circunstancias que la nueva ofensiva mediática que, montada en las simplistas falacias de que “la organización comicial es cien por ciento ciudadana” y de que “poner en duda los resultados electorales, es dudar de la buena fe de los millones de mexicanos que participaron”, hace un llamado a la aceptación civilizada de los resultados. Y es que, a decir verdad, tales argumentos ad populum escamotean los dos hechos centrales: uno, que con el claro propósito de evitar el impacto mediático de la derrota del candidato oficial en las primeras horas, el Consejo General, y no los millones de ciudadanos ni tampoco los funcionarios permanentes del ife, operó una estrategia de ingreso selectivo de las actas de los resultados preliminares y se valió del dudoso candado para no informar a la ciudadanía de las tendencias electorales; y dos, que los indicios de inconsistencias aritméticas en una proporción significativamente alta de las actas de cómputo son tan apabullantes que, dada la escasa diferencia entre amlo y Calderón arrojada por los datos oficiales, hacen absolutamente imposible descartar a priori la hipótesis de que un nuevo cómputo, casilla por casilla, podría generar un ganador diferente.

Así, incluso sin necesidad de traer a cuento las hipótesis del fraude, quienes pomposamente insisten en una aplicación estrecha de los supuestos de ley para restringir la apertura de los paquetes, están obligados a hacerse cargo de que esa salida, tan legal como efectivamente puede ser, implica clausurar de facto la posibilidad de que los mexicanos sepamos cuál fue la verdad política del 2 de julio e implica también abdicar de la regla genuinamente democrática de que gana el candidato que más votos obtiene.

Para estos efectos, apenas vale la pena detenerse en los mensajes mediáticos que “dan voz” a los funcionarios de casilla para decir que contaron hasta tres veces y que todos convalidaron el resultado a través de su firma. El hecho es que si la información oficial es correcta al señalar que el 95% de las cerca de tres mil actas que ameritaron apertura y un nuevo cómputo exhibían errores aritméticos, la conclusión es inevitable: no hay razones para suponer que la situación es muy diferente al de las 127 mil restantes. El hecho, de nueva cuenta, es simple y contundente: estando tan cerca los dos principales contendientes, no hay razón democráticamente válida para descartar a priori que un cómputo certero podría generar un ganador distinto, incluso suponiendo que las inconsistencias, todas, nada tienen que ver con el dolo o la mala fe, sino que son imputables sólo a la falta de oficio de los mexicanos para hacer sumas.

Mas, para desgracia de los paladines de la miopía legal, el problema es que, además de estar obligados a bregar con la plausible hipótesis de que la incapacidad aritmética promedio de los mexicanos puede ser la razón ─que no la voluntad mayoritaria de los ciudadanos─ la que termine dándole el triunfo al candidato oficial, lo están todavía más a despejar con las dudas más que razonables de que el 2 de julio bien pudo haberse operado un fraude aritmético hormiga a favor del candidato oficial.

Las razones que tornan plausible esta hipótesis, como bien enseña la teoría criminalística, han de cimentarse en el actor, los motivos, los medios y la oportunidad. Veamos brevemente. El actor, a todas luces, es la coalición gobernante y sus beneficiarios directos: un grupo de grandes empresarios. Los motivos a la vista son la aversión al candidato más disonante con la línea estratégica de la coalición de gobierno, dada la información coincidentemente reportada por las empresas de sondeos en el sentido de que “habría un final de fotografía”. Si alguna duda al respecto, basta con tener en cuenta el activismo de Fox en gran tramo del proceso y el de conocida cúpula empresarial para impulsar tramposamente la candidatura oficial en el último tramo. Los medios para operar el citado fraude son, en principio, el dinero para armar y premiar a un ejército selectivo de funcionarios dispuestos a aportar un pequeño plus de uno o dos puntos porcentuales “equivocándose convenientemente en las sumas” y la información certera para determinar los sitios en que esta estrategia podía operar con mayores probabilidades de impunidad; por ejemplo, un mapa fino del electorado, como el que Hildebrando habría colocado en la página de Calderón, y particularmente del universo de los funcionarios de casilla en esas zonas, información que seguramente el ala panista de consejeros electorales, Arturo Sánchez y Andrés Albo a la cabeza, cederían con gusto a su jefe político. Finalmente, la oportunidad se dio en los términos más simples: la concentración geográfica intensa de la presencia perredista en el país y la extraordinaria falta de presencia en vastas áreas.

En síntesis: el escenario mexicano acredita de manera bastante racional la existencia de actor, motivos, medios y oportunidad para implementar la señalada estrategia del fraude aritmético hormiga el día de la jornada comicial. Más aún, todavía en el plano de las elucubraciones, otra hipótesis digna de tener en cuenta es que la aparente falta de oficio del Consejo General del ife implicada en el manejo oscuro del programa informático de los resultados preliminares y su renuencia a informar de las tendencias electorales esa misma noche, bien puede ser considerada como parte de una estrategia integral para dar cobertura y credibilidad al fraude aritmético hormiga. Un ejercicio de argumentación contrafáctico ayuda a dar debido sostén a esta hipótesis: ¿qué hubiese pasado si amlo, como efecto de la carga de los resultados de las casillas del Valle de México, hubiera tomado algunos puntos de ventaja en las primeras horas? Respuesta probable: las suspicacias habrían crecido espontáneamente y, con ello, también los riesgos de que el fraude se hiciera visible.

Así las cosas, tanto si suponemos que las inconsistencias aritméticas se deben sólo a la falta de habilidad de los funcionarios de casilla como si preferimos entender que hubo una estrategia bien diseñada e implementada para provocar el desempate, la conclusión es la misma: sólo un nuevo cómputo casilla por casilla permitiría falsear las hipótesis de que hay un vencedor espúrio; sólo un nuevo cómputo boleta por boleta permitiría dar certeza democrática a las elecciones presidenciales. He aquí que la actual encrucijada del régimen político sea legalidad miope, es decir, un presidente designado por el Tribunal Electoral, dada su condición indiscutible de máxima autoridad jurisdiccional; o legitimidad democrática, dado el escenario también legal de que dicho Tribunal instruyera un nuevo cómputo de toda la elección presidencial.

Los tiempos de nuestro vulnerable régimen democrático son de responsabilidad y mesura. Una pésima estrategia es defender lo indefendible: el Consejo General no pasó la prueba y ha puesto en riesgo el más valioso capital institucional acuñado con tesón en los últimos quince años, el Instituto Federal Electoral. Por mi parte, no tengo la menor duda de que sólo un gobierno legítimamente democrático, el que resulte de un cómputo cierto, es decir, libre de inconsistencias aritméticas, gozará de la autoridad para gobernar al país, impulsar la nueva reforma política y rescatar al ife de la pandilla partidocrática que lo tiene secuestrado. Un gobierno legal pero no democrático, sin lugar a dudas, sería nuestra peor pesadilla.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home